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 Aníbal Verón, 37 años, cinco hijos, empleado de una empresa que le debía ocho sueldos, fue asesinado ayer a la madrugada de un balazo en el pómulo izquierdo cuando la policía salteña desalojó la ruta 34 frente a Tartagal. Horas después, miles de personas manifestaron contra la represión y varios grupos se desprendieron y saquearon negocios, quemaron la comisaría, la empresa de luz, la corresponsalía del diario El Tribuno y la municipalidad.
Habitantes de Tartagal afirmaban que la empresa en la que trabajaba Verón, Atahualpa, pertenece a Celín Balut, quien, aseguraban también, está vinculado al gobernador salteño Juan Carlos Romero.
Verón fue despedido por telegrama a pesar de los ocho sueldos adeudados. Ganaba 600 pesos. Luego, ante la presión pública, la empresa decidió reincorporarlo, pero no le envió telegrama ni lo contactó. Solo lo anunció por una radio del pueblo. Verón no escuchó la noticia. Ya estaba en el piquete de donde nunca volvería.
A la tarde, en una casa miserable del barrio de Villa Saavedra, sus hijos estaban colgados del ataúd. Alguien había puesto algodones entre los dientes.
–Mi marido era un hombre bueno –decía la esposa llorando–. Quiso ganarse el pan trabajando dignamente. Reclamó lo que le pertenecía.
Verón fue asesinado cuando los manifestantes se reagruparon después de haber sido disueltos por la policía, tras diez días de piquete en la ruta 34, en un procedimiento que el jefe de la policía describió como “impecable”.
El corte de rutas se había originado en Cuña Muerta, a cinco kilómetros de Tartagal, un sitio agreste, áspero, donde el paisaje solo es alterado por los espinillos. Instalados en un puente precario construido por el Ejército, los piqueteros debieron abandonarlo cuando lo desmoronó un tornado. La ruta, entonces, quedó cortada por un fenómeno natural. De todos modos, el corte nunca atrajo a más de 150 personas, entre desocupados que habían perdido planes Trabajar o de huertas comunitarias, cesantes de Atahualpa, docentes autoconvocados y despedidos de una empresa contratista de Edesa, la eléctrica salteña, que había perdido su contrato. Funcionarios del gobierno provincial como la secretaria general Sonia Escudero y el vicegobernador Walter Wayar venían criticando la supuesta indiferencia del gobierno nacional sobre los planes Trabajar. La semana pasada Escudero viajó con legisladores de ambas bancadas y se reunió con la ministra de Trabajo Patricia Bullrich. La ministra le confirmó que no se caería ninguno de los 4400 planes Trabajar.
Pero los piqueteros insistieron en que querían la presencia en Salta un funcionario provincial de alto rango. El gobierno provincial se negó, diciendo que la respuesta de la Nación ya estaba dada. El corte se mantuvo, y se sumaron comunidades aborígenes que reclamaron planes Trabajar y entrega de tierras. Escudero se reunió con ellos pero no con los piqueteros. Ante esta vuelta, los piqueteros se movieron hasta la entrada a General Mosconi, frente a los tanques de la empresa Refinor que almacenan miles y miles de litros de combustible.
La intervención de la policía salteña incrementó la violencia de la situación. Un grupo se desprendió, fue hasta la comisaría de Mosconi, la destruyó y se llevó seis rehenes hasta la zona donde está Texpetrol, justo en las oficinas donde se hicieron anteriores reuniones de negociación. Hasta la noche mantuvieron a los rehenes dentro de una ambulancia. Uno de ellos, un agente joven, había sido brutalmente golpeado, e incluso podría haber sufrido la fisura de dos costillas con peligro para un pulmón.
Después, unas cinco mil personas iniciaron una vuelta por la ciudad destruyendo oficinas y objetos. Uno de los blancos fue Edesa. Otro, un depósito judicial de elementos secuestrados y armas en exhibición. Algunos manifestantes robaron el armamento, que después exhibían mientras daban vueltas por la ciudad en una camioneta. La policía confiaba en que no tenían municiones, pero admitía que no era difíciles de conseguir. Otrogrupo más, entretanto, se dedicó a saquear casas de electrodomésticos como el negocio El Gato, de la familia Katz. Los vecinos protestaron (“Katz es un tipo solidario, y ellos hace 70 años que tienen el negocio”, decía una señora a los gritos) pero nadie les hizo caso. En camionetas o en bicicleta, o corriendo, algunos se alejaban cargando torres de sonido, lámparas y minifilmadoras.
“Estamos aterrorizadas, tengo miedo, nos pueden llevar y hacer lo que quieran con nosotros”, decía entre llantos la dueña de otro negocio, de zapatos.
La municipalidad fue incendiada. Un hotel quedó destruido. Los manifestantes, que también saqueaban los lugares que luego quemaban, prendían fuego a automóviles, que seguían ardiendo en distintas calles del casco céntrico.
En ese clima, como en son de paz, un grupo de vecinos salió de la iglesia en procesión. Más duro fue el sacerdote Jesús Olmedo, párroco de La Quiaca: “Vamos a ser claros señor gobernador de Salta –dijo–, me la voy a jugar pero voy a decir clarito quiénes son los delincuentes. Sabemos que alrededor de la familia Romero hace mucho años hay una muy sospechada, digamos, denuncia de que estaban mezclados en el tema de la droga”.
Daniel Nallar, secretario de Seguridad de la provincia, dijo que la muerte de Verón habría sido consecuencia de una “riña entre los piqueteros”. “No se puede saber todavía, la policía tenía instrucciones claras de no tener armas cargadas con balas de guerra, por lo tanto el jefe de policía sigue reafirmando que la bala no partió de la policía, pero eso tiene que ser parte de una profunda investigación del juez que está a cargo del tema del despeje de la ruta”, afirmó el vicegobernador Walter Wayar. Teresa Rodríguez, una joven empleada doméstica de 24 años, con dos hijos, falleció en la Semana Santa de 1997 durante la represión de un piquete que cortaba la ruta nacional 22, en Neuquén, presuntamente víctima de balas policiales de bajo calibre.